SANTO DOMINGO. Las fuerzas que sostienen el liderazgo de Leonel Fernández en el seno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) respondieron a las declaraciones de los 24 miembros del comité político el pasado lunes, recordándole el acuerdo firmado por ese organismo y refrendado por el congreso del partido aprobados en el 2015 como solución a la crisis y que facilitó la reelección del presidente Danilo Medina.
Radhamés Jiménez dijo que son esas decisiones del comité político de entonces que están defendiendo quienes siguen al presidente Leonel Fernández y a los que deben de ajustarse los miembros del comité político.
En el documento se expresa que resulta improcedennte imponer la reforma constitucional, más cuando el 70 por ciento de la población la rechaza, al igual que las iglesias, la sociedad civil y las fuerzas mayoritarias representadas en el Congreso Nacional.
En rueda de prensa ofrecida en la Casa Nacional del PLD, el documento leído por Jiménez establece que no hay manera de lograr de manera legal lograr mayoría para alcanzar la reforma constitucional, como pretende el sector que sigue al presidente Danilo Medina.
Junto a Jiménez estuvieron en la actividad el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque; Abel Martínez, Bautista Rojas Gómez, Franklin Almeyda, Rubén Maldonado y otros miembros del comité político y del comité central del PLD.
Al hablar en el acto, Alburquerque dijo que ellos abogan por la unidad del PLD y que debe mantenerse la sensatez y la prudencia, condiciones éstas que pasan por respetar la Constitución de la República y los acuerdos del partido.
El ex vicepresidenta de la República dijo que el comité político no tiene facultad para expulsar de esa organización al ex presidente Fernández y presidente del PLD.
Los exhorta a respetar la Constitución de la República y los acuerdos arribados en el 2015 y que facilitaron la reforma constitucional que permito la reelección del presidente Danilo Medina.
En el documento se expresa que resulta improcedennte imponer la reforma constitucional, más cuando el 70 por ciento de la población la rechaza, al igual que las iglesias, la sociedad civil y las fuerzas mayoritarias representadas en el Congreso Nacional.
